Electoralmente, nuestro país ha experimentado sobresaltos en los comicios, algunos más ruidosos que otros, pese a ello siempre se ha tratado de respetar los resultados electorales aun cuando se haya puesto en entredicho su transparencia. La transparencia es la característica ineludible del proceso electoral y esta se hace presente desde el inicio hasta su culminación, caso contrario los cuestionamientos a los resultados se incrementan poniendo en riesgo la legitimidad de estos, en otras palabras, existe una relación directamente proporcional, pues a mayor transparencia mayor será el grado de legitimidad de los comicios. Ahora bien,  las últimas dos elecciones generales no han estado exentos de los reclamos altisonantes del electorado, el fantasma de unas elecciones fraudulentas reapareció y se acentuó en las del 2021, tanto es así que proliferaron los pedidos de nulidad y se activó la vía del Poder judicial para su anulación (Villa Stein, ex magistrado de la Corte Suprema fue el promotor) y en el Congreso de la República instauraron una inoficiosa comisión para que se investigue un supuesto fraude; los esfuerzos por atacar la validez de dicho proceso fueron infructuosos pero el gobierno entrante quedó debilitado, atacar la transparencia del proceso fue una estrategia clara de desgaste. Un proceso electoral transparente exige la actuación íntegra de sus actores (sistema electoral, partidos políticos y electorado), de modo que, la correcta fiscalización y la garantía de la seguridad jurídica; el irrestricto cumplimiento de la normativa electoral y la concurrencia responsable a las urnas, contribuirán al desarrollo aceptable del proceso. Las elecciones del 2026 tienen que superar el lastre de su predecesora y garantizar que serán realizadas transparentemente de acuerdo con la normativa electoral, pero en un contexto de metástasis partidaria, de sobreabundantes candidaturas, cédulas extensas, confusas y un electorado con fuerte desafección por los procesos electorales, el reto de transparentar los comicios resulta ser una tarea titánica. El sistema electoral deberá de responder eficientemente a lo largo del proceso adelantándose a clarificar aquellos aspectos que para el electorado aún les resulta inentendible, no olvidemos que el sistema electoral cumple también una función educadora, ahora es cuando más deberían optimizarla. Un proceso electoral con las reglas claras, bien organizado, fiscalizado de manera óptima, no arbitraria y que busque preparar al ciudadano para que el minuto que este tenga de permanencia en la cámara electoral (art. 261 de la Ley Orgánica de Elecciones) sea suficiente, contribuirá con alcanzar la transparencia necesaria para garantizar la legitimidad de los resultados.