Las autoridades municipales que asumirán funciones en enero próximo recibirán ciudades donde la informalidad alcanza alrededor del 70 % de la población económicamente activa, fenómeno que trasciende ampliamente el ámbito económico: está presente en la ocupación del suelo, la vivienda, el comercio, el transporte, la construcción y, en general, en la manera como millones de ciudadanos producen y utilizan la ciudad.El Perú presenta una profunda y contradictoria dualidad: por un lado, exhibe una de las macroeconomías más sólidas del continente y, por otro, una altísima informalidad en la economía cotidiana que afecta a la mayoría de sus ciudadanos. Durante décadas se ha considerado la informalidad como un problema que debe ser corregido mediante sanciones y procesos de formalización. En este escenario, cabe formular una pregunta diferente: ¿reside el problema solamente en quienes incumplen las normas o también en la legitimidad y funcionalidad de las normas que la institucionalidad pretende imponer?Buena parte de nuestras ciudades se ha desarrollado al margen de la planificación y la gestión formal. Ante la insuficiente oferta de vivienda, suelo urbanizado, empleo y servicios, la población desarrolló mecanismos propios para satisfacer sus necesidades. La informalidad cumple, en muchos casos, una función adaptativa. Pero su progresiva consolidación también ha generado precariedad, desorden territorial, evasión tributaria y debilitamiento institucional, abriendo espacios para la especulación, el tráfico de tierras, la corrupción e incluso la criminalidad.Un Estado débil e ineficiente genera condiciones para la informalidad; cuando esta se generaliza, reduce la capacidad reguladora y fiscal del Estado y debilita aún más sus instituciones. El resultado es un círculo vicioso que, al profundizar progresivamente sus efectos, se transforma en una Espiral Degenerativa de la Informalidad y la Disfunción Estatal.El desafío de las próximas autoridades municipales trasciende la elaboración de planes y la ejecución de obras. Necesitan preguntarse si las reglas vigentes responden realmente a las condiciones sociales, económicas y territoriales de sus comunidades. La formalidad no puede sustentarse solamente en la obligación y la sanción; requiere que los ciudadanos perciban sus normas como razonables, útiles, equitativas y posibles de cumplir.El reto no consiste en legitimar la informalidad ni en renunciar al orden, sino en construir instituciones y reglas capaces de articular Estado, sociedad y territorio.Tal vez el verdadero desafío del Perú no sea formalizar a los informales. Tal vez sea construir una formalidad que los ciudadanos reconozcan como suya. Para las futuras autoridades queda entonces una pregunta fundamental: ¿Cómo promover la integración de la sociedad peruana a partir de una nueva formalidad socialmente legítima?