RADAR MUNICIPAL ED. 1106
OCHO DE DIEZ VIRTUALES GOBERNADORES REGIONALES ARRASTRAN LÍOS CON LA JUSTICIA
Diez candidatos lideran el conteo en sus regiones con más del 30% de votos válidos y se proyectan como virtuales ganadores regionales.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya contabilizó más del 96% de las actas en cada una de esas regiones. Ocho de los diez registran sentencias y denuncias fiscales, mientras que los otros dos enfrentan cuestionamientos. Cada caso tiene un estado distinto.
Sentencias
Rosali Leandro Tarazona (País para Todos) lidera en Huánuco con el 31.88% de votos válidos y 118,546 votos. Registra una sentencia penal del 2019 por agresiones contra la mujer, en la modalidad de maltrato psicológico, según su Declaración Jurada de Hoja de Vida.
Máximo Óscar Cabrera Cabrera (Avanza País) lidera en San Martín con 31.24% de votos válidos y 146,756 votos. Registra cuatro sentencias no penales por procesos de alimentos,
Sandro Acosta Villavicencio (Somos Perú) lidera en Ucayali con 34.35% de votos válidos, es decir, 78,310 votos. Registra una sentencia penal del 2007 con reserva de fallo.
Denuncias
Elvyn Samuel Díaz Tello (Ahora Nación), lidera en Apurímac con 37.66% de votos válidos y 83,628 votos. Registra dos carpetas fiscales por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible.
Pabel Néstor Bellido Miranda (Libertad Popular) lidera en Ayacucho con 35.22% de votos válidos y 110,869 votos. Cuenta con 20 carpetas fiscales como imputado en Ayacucho.
Pedro Spadaro Philipps (Renovación Popular) lidera en el Callao con 51.73% de votos válidos y 290,782 votos. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunta colusión agravada.
Juan Carlos Común Gavilán (Alianza para el Progreso), quien lidera en Huancavelica con 33.88% de votos válidos y 77,157 votos.
La Fiscalía pide 9 años de prisión en su contra por presunta colusión agravada en una obra de saneamiento.
Juan Enrique Mendoza Uribe (Somos Perú), quien lidera en Ica con 30.76% de votos válidos y 157,078 votos. En setiembre del 2026, el portal La Lupa reveló que Mendoza tiene siete expedientes fiscales activos.
Cuestionados
Simón Pedro Horna Alpaca (Ahora Nación), quien lidera en Madre de Dios con 36.18% de votos válidos y 31,300 votos. Recae el pedido de la Procuraduría del Gobierno Regional de Madre de Dios de denunciarlo por la pérdida y deterioro de equipos médicos en el 2021.
Verónika Mendoza Frisch (Alianza Electoral Venceremos), la Fiscalía abrió en el 2024 una investigación preventiva a Mendoza por presuntamente incitar a disturbios y conspirar para rebelión, sedición o motín. Asimismo, tuvo que declarar en el 2016 como “testigo” en el caso de las agendas de Nadine Heredia.
Esta información la dio la politóloga Gabriela Navarro y explicó al diario Correo que uno de los mayores riesgos al ocupar el cargo de gobernador con este tipo de antecedentes radica en cómo disponen su agenda edil.
ALCALDES:
LA INCLUSIÓN NO ES UNA PROMESA DE CAMPAÑA
Por: Gloria Pineda Loayza Defensora y promotora de derechos de las personas con discapacidad
Culminado el proceso electoral, tenemos a 1,892 nuevos alcaldes. 196 provinciales y 1,696, distritales según cifras de la ONPE. A todos ellos debemos recordarles que la inclusión, tan mencionada a lo largo de la campaña electoral, no debe quedar como una promesa, ni mucho menos debe ser interpretada como un acto de buena voluntad hacia los vecinos en condición con discapacidad. En esa línea, las autoridades municipales deben ser capaces de atender y responder eficazmente las múltiples necesidades de los ciudadanos que requieran información accesible, comunicación en lengua de señas, apoyos y servicios comprensibles, eliminación de barreras físicas, entre otras adaptaciones y modificaciones necesarias que permitan a las personas con discapacidad participar, entender, comunicarse y tomar decisiones con autonomía. En resumen, tener una vida digna. Incluir forma parte de la responsabilidad de gobernar y a lo largo de los siguientes cuatro años, los nuevos alcaldes, tienen la oportunidad y la obligación legal, de convertir la inclusión en una política permanente, con presupuesto, metas y resultados verificables. La Ley 29973, además de reconocer derechos, establece responsabilidades y contempla un régimen de fiscalización y sanciones. No mantener adecuadamente las vías públicas, no considerar las normas de accesibilidad en las licencias y expedientes técnicos o contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones puede generar responsabilidades y multas hasta por 20 UIT, sanción que debe hacer efectiva CONADIS, a través de su Dirección de Fiscalización y Sanciones, de comprobarse el incumpliendo de estas obligaciones. El procedimiento puede iniciarse por denuncia, de oficio o por petición motivada del MIMP. En la lógica del cumplimiento, a los alcaldes que están terminando su mandato, debemos exigirles algo más que un balance general. Recordemos que la Ley 32139 obliga a los gobiernos locales (y la Contraloría debe verificar su cumplimiento) a destinar anualmente el 1% de su presupuesto institucional de apertura a intervenciones a favor de la población con discapacidad. El 50% está previsto para accesibilidad de infraestructura y espacios públicos y el porcentaje restante para las OMAPED, programas y servicios. Por ello, los alcaldes que asuman el cargo, a partir del 1 de enero deben recibir la información y hacerla pública, sobre cuánto se gastó y en qué, qué resultados se obtuvieron, pero principalmente, cómo se impactó en la mejora de la vida de sus vecinos con discapacidad.
Director Periodístico:
EDGARD NAOLA ORDOÑEZ