A menos de 90 días de finalizar la gestión de los alcaldes y gobernadores regionales del periodo 2023-2026, la mayoría de las autoridades no han ejecutado sus presupuestos de prevención ante el Fenómeno El Niño y enfrentan graves consecuencias humanitarias, de infraestructura y legales. Ante este escenario, la Contraloría General de la República ha alertado que múltiples gobiernos regionales y más de un centenar de municipalidades registran niveles deficientes de inversión (incluso con 0% de ejecución en obras clave), dejando desprotegidos los puntos críticos de ríos y quebradas. El impacto directo sobre estas localidades se divide en tres frentes principales: Desastres Materiales e Infraestructura Destruida, Inundaciones por cuencas ciegas y desbordes: Al no realizarse la limpieza ni la descolmatación de los ríos, las lluvias extraordinarias activan quebradas y generan desbordes masivos. Ciudades en la costa norte como Tumbes y Piura sufren la acumulación de agua debido a «cuencas ciegas» no mitigadas. Impacto Social, Educativo y de Salud. Pérdida de viviendas y deserción escolar: Históricamente, y según reportes de organizaciones como Plan International, las emergencias climáticas provocan daños estructurales severos en las casas y obligan a suspender las clases presenciales, afectando directamente la continuidad educativa de niños y adolescentes. Consecuencias Legales y Financieras para las Autoridades. Responsabilidad administrativa y penal: Los gobernadores y alcaldes que muestran desidia o inacción en la gestión del riesgo de desastres pueden ser procesados penalmente por omisión de funciones y exposición de personas al peligro.