El Arq. Álvaro Ugarte Ubilla. Presidente de PROMCAD-INICAM. Director Ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal INICAM (2001-2020). Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad y Maestro en Gestión Pública y en Ciencia Política. Especialista en Descentralización, Gestión Pública, Ordenamiento y Gestión Territorial y experto en el Desarrollo de Capacidades Locales para la Gestión, nos brinda su opinión ante las próximas transferencias municipales para el periodo 2027-2030. A continuación lo revelamos.

La responsabilidad política en la transferencia municipal se revela en la manera de concluir el mandato. Los alcaldes que culminan su gestión en el 2026 deben facilitar que las autoridades que asumirán el 1 de enero de 2027 conozcan las condiciones reales de la municipalidad y puedan gobernar desde el primer día.

Además del cumplimiento de las obligaciones legales, la transferencia exige reconocer al sucesor legítimo y respetar una institución que pertenece a la comunidad. La forma en que se realiza tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de la población y expresa el compromiso de quienes gobiernan con la continuidad del servicio público.

La responsabilidad política en la transferencia municipal exige explicar qué se hizo durante la gestión, qué queda pendiente y cómo se atendieron las necesidades ciudadanas. Esa información permitirá a la siguiente administración identificar sus tareas y desafíos para seguir atendiendo a los vecinos y mejorar el desempeño municipal. Debe conocer qué recursos están comprometidos, qué obras requieren continuidad, qué controversias amenazan el presupuesto y qué acciones son urgentes. Recibir una municipalidad sin ese conocimiento equivale a asumir responsabilidades sin las condiciones necesarias para ejercerlas.

Cuando una administración retiene documentos, entrega información incompleta o demora injustificadamente el acceso a los archivos, dificulta el trabajo de su sucesor. Si pretende obstaculizarlo, puede terminar ofreciéndole un pretexto para atribuir sus propias deficiencias a los problemas heredados. Sin embargo, las deficiencias de la transferencia no siempre responden al encubrimiento de irregularidades; también pueden deberse al desorden o a una gestión deficiente. Esa distinción no reduce la responsabilidad política: la autoridad debe responder tanto por la negativa deliberada como por la incapacidad para entregar información suficiente y confiable. El temor a una revisión posterior tampoco justifica la falta de transparencia

La responsabilidad política en la transferencia municipal no se limita a la entrega de documentos a la Contraloría o a las nuevas autoridades. El informe de cierre de gestión debe servir, ante todo, para explicar a la ciudadanía cómo se atendieron sus necesidades y qué tareas quedan pendientes, de modo que pueda exigir su atención al nuevo gobierno. La autoridad saliente debe exigir a sus funcionarios el mayor cuidado en la elaboración del informe y asegurar su difusión en un lenguaje comprensible para la población.

Cuando la transferencia se realiza sin ese compromiso cívico, el principal perjudicado es el vecino. Si las nuevas autoridades desconocen el vencimiento de un contrato de limpieza, la situación operativa del serenazgo o una obligación de pago, aumenta el riesgo de interrupciones y decisiones improvisadas. Una confrontación entre autoridades puede traducirse en basura acumulada, obras detenidas o trámites paralizados. La continuidad de los servicios municipales constituye una obligación con la comunidad, cualquiera que sea la distancia política entre los equipos.

La responsabilidad política en la transferencia municipal también recae en las autoridades entrantes. Les corresponde examinar la información, registrar las omisiones y promover las actuaciones pertinentes ante indicios de irregularidad. La transferencia no equivale a una auditoría ni determina responsabilidades penales; tampoco la recepción de documentos ni la firma del acta eximen de responsabilidad a la gestión anterior.

La alternancia permite modificar prioridades, pero exige valorar lo que merece continuidad. Descartar proyectos útiles porque llevan la marca del antecesor desperdicia recursos y posterga soluciones. La municipalidad conserva compromisos y conocimientos más allá del relevo. Funcionarios y servidores custodian esa memoria institucional. Su responsabilidad con el servicio público no termina cuando se marcha el alcalde que los convocó.

La responsabilidad política en la transferencia municipal coloca a la ciudadanía en un lugar prioritario. Las autoridades salientes y entrantes deben explicar en qué condiciones entregan y reciben la municipalidad. Un balance comprensible de resultados, limitaciones y asuntos pendientes permitiría a los vecinos contrastar las versiones de ambos equipos y reconocer los avances comprobados. La transparencia pierde valor cuando sirve únicamente para exaltar al propio grupo o desacreditar al adversario.

El alcalde saliente responde por la institución que entrega; el entrante, por cómo la recibe y conduce. El mandato es temporal; las necesidades de la población continúan. La transferencia es también un acto de construcción de ciudadanía: exige mirar a los vecinos a los ojos y responder por la confianza recibida.

Retirarse con la frente en alto supone poder demostrar el esfuerzo realizado, reconocer lo pendiente y pasar la posta para que el nuevo gobierno mejore lo alcanzado. Ese es el sentido político de una misión cumplida.