¿Cómo podría la Municipalidad promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción si no administra eficazmente los recursos que le asigna la ley?
Sabemos que el gobierno local requiere aprobar su presupuesto, el mismo que comprende las previsiones de ingresos y gastos que tienen para un ejercicio anual, lo que le permite ejecutar obras de desarrollo local y brindar diversos servicios públicos, que garanticen los mayores beneficios socioeconómicos a la población. Pero aprobarlo no es suficiente. Lo más importante es la EJECUCION PRESUPUESTARIA; es decir, la fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinado a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La responsabilidad del monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley Anual de Presupuesto recae en la Oficina de Presupuesto. De ahí la importancia de contar con servidores competentes. Sin embargo, los estudios demuestran que los gobiernos locales, en promedio, ejecutan el 73% de su presupuesto. En proyectos de inversión, el promedio es de 66%. Esto denota una gran ineficiencia en la ejecución del gasto y en algunas provincias un desempeño vergonzoso, afectando la competitividad en sus comunidades toda vez que no se logran las metas establecidas. La ciudadanía debe estar más atenta a lo que sucede en los gobiernos locales y regionales que en el gobierno nacional, pues en muchos casos la solución a los problemas es de competencia local o regional. La mala práctica de la inejecución presupuestal es un acto de corrupción sumamente dañino porque impide el desarrollo, no se cumplen las metas establecidas en el presupuesto, las obras y servicios que demanda la población se postergan indebidamente, se atenta contra la calidad de vida ciudadana, se agudiza la pobreza, se dejan de crear nuevos puestos de trabajo, se genera desconfianza en la institución municipal, aumenta la crisis política de la circunscripción, y lo peor de todo es que los recursos provenientes del gobierno nacional que no se utilicen deben retornar al erario nacional. Habiendo tantas necesidades que satisfacer, ello constituye un crimen. La ciudadanía espera que los nuevos alcaldes cumplan con su deber.
Director Periodístico:
EDGARD NAOLA ORDOÑEZ