Los partidos políticos, esos entes llamados a canalizar las demandas ciudadanas y formar cuadros para gobernar el país de acuerdo con un plan de gobierno, desde que colapsaron en los 90’s, han atraído la mirada pública para tratar de comprender los motivos de su decadencia y repudio, dado que es la única vía para acceder al poder político. Así, los partidos políticos son (o deberían ser) la expresión del pluralismo ideológico y programático democrático, y como tales concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular. Son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático. Como se aprecia, su importancia es decisiva en nuestro régimen democrático y por tanto existe un interés superior de que estas instituciones funcionen. Un análisis de este tipo supera con creces el espacio de este artículo; sin embargo, nos vamos a circunscribir a uno de los problemas vitales de los partidos políticos: su financiamiento. Si bien es cierto la Ley 28094 regula, entre otros las formas y procedimientos de financiamiento público de los partidos políticos (producto de nuestros tributos), los cuales deben destinarse hasta el 50% en gastos de funcionamiento ordinario, adquisición de inmuebles, mobiliario y otros bienes necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política, contratación de personal y servicios diversos y el otro 50% directo recibido para ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. Supuestamente la norma pretende prevenir y sancionar el financiamiento ilegal. Ahora bien, nos preguntamos si realmente el financiamiento que reciben los partidos políticos se asigna a dicha finalidad. Aunque es evidente que el financiamiento público no ha reducido los niveles de corrupción enquistada en los partidos políticos, tampoco se percibe una mejora en la calidad ética, técnica o profesional en el desempeño de sus representantes; lo que se podría paliar con acciones básicas de formación y capacitación. En efecto, debemos exigirle a las cúpulas partidarias que instruyan y adiestren a sus dirigentes y militantes en competencias políticas, económicas y sociales; así como en el conocimiento de las instituciones en las que se desenvuelvan (gobierno nacional, regional y local), lo que incluye los procedimientos legislativos y administrativos; así como capacidades comunicativas esenciales, sin dejar de lado la ética y responsabilidad públicas; pues vemos que muchos funcionarios, directivos y servidores públicos adolecen de los más elementales conocimientos para gobernar, dañando al país, en muchos casos irreversiblemente.