Actualmente en la red vial nacional existen 56 peajes: 32 administrados por la empresa privada bajo contratos de concesión y 24 directamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de Provías Nacional. En cada caseta de peaje se cobra una tasa fija, los administrados por el MTC deben ubicarse a una distancia promedio entre 80 a 120 Km. En cambio, los otros peajes se rigen por sus respectivos contratos de concesión. Dentro de zonas urbanas o ciudades también se tienen peajes, éstos se rigen por Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades; bajo estricta responsabilidad de las municipalidades, como es el caso en Lima. Pero, detrás de la existencia del peaje, siempre están tres actores: concedente, concesionario y regulador. Además, está ProInversión encargada de diseñar estas propuestas de concesión. En el caso de vías nacionales la normatividad peruana no obliga, no es una condicionante, la preexistencia de la vía alterna, por lo mismo los peajes se han establecido mayormente sobre vías existentes, comprometiéndose su ampliación, reparación y mantenimiento. En cambio, en las ciudades las municipalidades deben garantizar la existencia o construcción de vías alternas antes de establecer algún peaje, esto debe estar claro y con plazos en los contratos de concesión de las vías llamadas de evitamiento. Así, los peajes -de un tiempo a esta- han girado la fuente del financiamiento de las obras viales urbanas y nacionales que exclusivamente era del Estado, se ha girado hacía los bolsillos de transportistas y usuarios del servicio de transporte público. Comparativamente con lo que sucedía hace 4 o 5 décadas, ahora las vías (construcción, reparación y mantenimiento) se financian con ingresos de peajes solventados por transportistas y usuarios; y complementariamente con la caja fiscal que recauda impuestos del contribuyente en general. Como demuestran muchos conductores de automóvil o camioneta particular, que circulan por miles y a toda hora en la Panamericana Norte o Sur, que viajan solos o con familia -por ejemplo- de Tacna o Arequipa hacía Trujillo o Tumbes, pasando por Lima y Callao; sumando los váuchers de peajes tranquilamente pagan por sobre S/. 300.00 (trecientos soles). Peor aún, no estarían recibiendo los servicios por el que paga. Por ello, sería importante abrir el díalogo sobre los “Peajes en el Perú”, escuchar propuestas e iniciativas que ayuden a la efectividad del servicio por el que cobran los peajes, considerar los derechos de usuarios y transportistas en futuros diseños de contrato de concesión, permitir su representación en Mesas Técnicas de Consulta antes de la firma de los contratos de concesión, inclusive pueden ser representados por instituciones como la Defensoría del Pueblo u otras que tienen la obligación de defender los derechos ciudadanos.