Continúa incierta la situación del Servicio de Apoyo Educativo (SAE), un acompañamiento especializado a las escuelas, que orienta a docentes y familias, permitiendo identificar y reducir las barreras de aprendizaje, con lo cual muchos estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales, accedan, participen y progresen en el sistema educativo. De no ser incluido en el Presupuesto General de la República 2026, este sistema corre el riesgo de desaparecer, lo cual representaría un duro golpe para la educación inclusiva en Perú. Aunque la responsabilidad de garantizar la continuidad del SAE recae principalmente en el Gobierno Central, los municipios tienen un rol clave en la defensa y mitigación de esta amenaza. A través de acciones políticas, gestión de recursos locales, sensibilización y la colaboración con organizaciones sociales, pueden garantizar que los estudiantes con discapacidad no se vean excluidos del sistema educativo, fomentando además su participación en actividades extracurriculares, deportivas y culturales, convirtiéndose en aliados estratégicos en la defensa de este servicio. Los municipios pueden planificar alternativas locales de apoyo a los estudiantes con discapacidad, destinando recursos para financiar la capacitación docente en educación inclusiva, el fortalecimiento de infraestructuras accesibles o la creación de espacios de apoyo psicológico y pedagógico para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Asimismo, los gobiernos locales pueden brindar un aporte muy importante realizando un seguimiento cercano a los programas de inclusión educativa. Estos monitoreos que pueden incluir la recopilación de datos sobre el acceso y los resultados educativos de los estudiantes con discapacidad, permitirían también la identificación temprana de estudiantes con necesidades educativas especiales. La ventaja de los municipios es que cuentan con las condiciones de crear políticas locales que refuercen la inclusión educativa, estableciendo normas y procedimientos para garantizar que los estudiantes con discapacidad tengan acceso a una educación de calidad. Otro aspecto en el que la ayuda de los gobiernos locales sería esencial es la mejora de la infraestructura escolar. La implementación de proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento de los centros educativos a nivel local sería de gran ayuda, especialmente en zonas rurales o en áreas marginales. Los municipios pueden coordinar con el Ministerio de Educación para priorizar la construcción de escuelas accesibles, adaptadas a las necesidades del alumnado con discapacidad, lo cual implica asegurar rampas, baños accesibles, espacios adecuados para el aprendizaje inclusivo, materiales educativos accesibles, entre otras medidas.