Ante los hechos ocurridos en el Real Plaza de Trujillo, las municipalidades de todo el país como medidas de prevención y evitar cualquier riesgo en el futuro, tienen la obligación de hacer una fiscalización eficiente a todos los Centros Comerciales y negocios que atiendan a cientos de clientes. Y esto debe hacerse periódicamente cada seis meses y los propietarios o administradores de estos comercios deben velar por seguridad de sus clientes, porque son los responsables en habilitar su local para uso público. Tanto así, que la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento de Perú (Accep) pidió a sus asociados que revisen sus instalaciones de manera inmediata tras el desplome del techo del Real Plaza Trujillo. Estas acciones deben hacerse de manera efectiva y responsable en todas las jurisdicciones donde el responsable político es el alcalde quien es el encargado de fiscalizar y supervisar las estructuras de estos establecimientos. Tanto así, que el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, se ha pronunciado sobre este hecho de Trujillo, “Que, si bien la responsabilidad podría eventualmente extenderse a otros actores como el gobernador regional o el ministerio de Vivienda, el burgomaestre debe ser el primer responsable debido a sus competencias en materia de fiscalización de infraestructuras comerciales. Esa es la responsabilidad política del alcalde”.