El contralor general, Nelson Shack, informó que, de las 990 responsabilidades administrativas identificadas por la Contraloría General de la República por irregularidades cometidas en el proceso de Reconstrucción con Cambios (2017-2023), las entidades públicas que deben aplicar medidas disciplinarias solo han sancionado 97 casos, 187 han sido absueltos, 59 han prescrito, 120 siguen en trámite y más 500 están pendientes de sanción. Dichas responsabilidades involucran a 696 funcionarios únicos. “Esto revela, en la práctica, que la efectividad de la sanción es muy baja. La Contraloría trabaja y hace sus informes, pero a la hora que se debe sancionar, no hay sanción por parte de las entidades públicas”, expresó ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al proceso de Reconstrucción con Cambios (RCC) del Congreso.
La Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria declaró improcedente la solicitud presentada por Daniel Urresti para suspender la ejecución provisional de la pena en su contra por 12 años, luego de haber sido declarado culpable del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Según la resolución difundida por la Corte Superior Nacional del Poder Judicial (PJ), el Código de Procedimientos Penales no prevé ninguna regla de excepción para que proceda este requerimiento. También pidió que la decisión sea puesta en conocimiento de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a fin de que adopten las medidas necesarias respecto a la salud de Urresti.
Los servicios y establecimientos de salud del Ministerio de Salud (Minsa) y de los gobiernos regionales fueron declarados en emergencia por 180 días, ante el grave riesgo de suspensión de la continuidad de las atenciones médicas que brindan a la población. Así lo dispuso el Minsa mediante el Decreto Supremo 014-2023-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano. De acuerdo con el Informe 106-2023-UPP-DIEMDGOS-Minsa, el estado situacional de la infraestructura de salud presenta una deficiente capacidad de respuesta ante las intensas lluvias, con coberturas y techos que no tienen un sistema de drenaje adecuado y otros en que no existe, por lo que considera necesario declarar en emergencia a los servicios y establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales.
Con el objetivo de garantizar que el Seguro Social de Salud (Essalud) cuente con el capital humano que contribuya a mejorar la calidad de atención y prestación en la cartera de los servicios que brinda, el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (Fuerza Popular) propuso mecanismos para fortalecer el profesionalismo en la gestión administrativa de esta entidad. A través del Proyecto de Ley N° 5146/2022-CR, Aguinaga propone cubrir la brecha de personal administrativo en Essalud mediante la implementación de una homologación para que los trabajadores de los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728 puedan ocupar el nivel que les corresponde por principio de primacía de la realidad y especialización adquirida y haber contribuido a elevar los estándares de calidad y compromiso con los asegurados.
Empresarios y vecinos de la zona de Pachacútec, en Ventanilla, denuncian que la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se ha retrasado más de tres años tras ser anunciada en el 2019 por Sedapal, y que se ha duplicado el costo inicial de S/243 millones debido a deficiencias en el expediente técnico. De esta manera, más de 250.000 personas siguen sin tener agua ni desagüe. «La empresa Acciona nos dijo que vamos a tener agua las 24 horas del día, pero han pasado tres, cuatro años, y tenemos solo cuatro horas de agua al día», dijo un residente al programa dominical «Punto Final».
La Fiscalía Anticorrupción de Lima realizó diligencias preliminares por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro para la ejecución del «Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Piura», denunciado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Según informó la cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público. Detalló que la finalidad de esta diligencia fue obtener información relacionada a las empresas vinculadas con el referido proyecto que está valorizado en 561 millones de soles. El otorgamiento de la buena pro se habría dado en beneficio del Consorcio Piura Castilla, integrado por la empresa China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltd. sucursal Perú, y JPC Ingenieros SAC, agrega en otra publicación.
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EDGARD NAOLA ORDOÑEZ