El Consejo de Ministros declaró en emergencia los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima, así como Sullana, en Piura, para enfrentar de manera firme y decidida a la criminalidad. Esta fue uno de los acuerdos adoptados en la sesión del Consejo de Ministros, donde participó por vía remota la mandataria desde Nueva York. La declaratoria de emergencia permitirá que las fuerzas armadas brinden apoyo a la Policía Nacional en los tres distritos mencionados. «Para que podamos estar de manera decidida, más cercana a la población, donde esté la Policía; pero también vendrá el Ejército como apoyo a la Policía, dentro del marco legal que ambas instituciones tienen», resaltó.
Nueve alcaldes distritales de Lima solicitaron la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional del Perú “para combatir con firmeza a las mafias criminales dedicadas al tráfico de terrenos que lucran con la necesidad de la población y la exponen a situaciones de riesgo”. El texto es suscrito por Rennán Espinoza (Puente Piedra), Ulises Villegas (Comas), Jesús Maldonado (San Juan de Lurigancho), Samuel Daza (Ancón), George Robles (Santa Rosa), Alfredo Reynaga (Independencia), Luis De La Mata (Breña), Richard Soria (El Agustino) y Néstor De La Rosa (Rímac). El comunicado “Por la vivienda digna y formal” plantea también que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) adopte “medidas inmediatas para promover el desarrollo de ciudades y centros poblados sostenibles, inclusivos, democráticos y accesibles”.
Con Ley 30779 se modifica para fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGERD), donde los gobernadores regionales y alcaldes que incumplan funciones de Seguridad Ciudadana y materia de Defensa Civil serán sancionados con suspensión en el cargo, modificando la Ley Orgánica de Municipalidades art. 25. Quienes deben propiciar las suspensiones son: en los Gobiernos Regionales, los consejeros; y en las Municipalidades, los regidores, pero también la sociedad civil debe denunciar ante la Fiscalía para perseguir el delito.
Luego de diversas denuncias respecto al deficiente funcionamiento del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), la congresista Norma Yarrow envió un oficio al Presidente Ejecutivo de EsSalud, César Linares, solicitándole información respecto al número de atenciones efectuadas desde enero último a la fecha. Del mismo modo, pidió al titular de Essalud, un informe detallado sobre la gestión realizada por esta entidad, para mejorar el servicio al adulto mayor asegurado.
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad, insistir en todos sus extremos en la Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones Spam. De acuerdo con el dictamen aprobado, recaído en los proyectos de ley 2942/2022-CR, 3131/2022-CR y 3541/2022-CR, se prohíbe las visitas al domicilio del consumidor o realizar proposiciones no solicitadas, por teléfono, fax, correo electrónico u otro medio, de manera persistente e impertinente, o ignorando la petición del consumidor para que cese este tipo de actividades, según explicó la congresista Rosangella Barbarán.
El Pleno del Congreso aprobó fomentar la valorización de los residuos, priorizando la promoción de la inversión pública, privada y mixta en infraestructura para la industrialización del reciclaje en el proceso de tratamiento de residuos, tanto industriales como domésticos.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, sostuvo que se está trabajando con otras instituciones, para luchar por “una sociedad donde impere la seguridad ciudadana y una justicia con rostro humano”, recalcó la autoridad judicial. Asimismo, señaló que se requiere mayor presupuesto para satisfacer las necesidades logísticas del sistema de justicia. También indicó que las Fuerzas Armadas deben colaborar en las labores de patrullaje, pero no de investigación, cumpliendo un papel disuasivo; y los gobiernos locales y regionales cediendo locales para la implementación de más unidades de flagrancia. De otro lado, refirió que, a razón del incremento de conductas criminales en cobro de cupos, extorsiones, y otros delitos graves, “deben llevar a pensar a reformar el Código Penal. En la inauguración de la Unidad de Flagrancia ubicado en el Cercado de Lima, participaron el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga; el viceministro del Interior, la presidenta de la Corte de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, entre otras autoridades. Durante su intervención, el alcalde de Lima López Aliaga consideró ceder en uso locales para la implementación de más unidades de flagrancia, en las jurisdicciones de Lima Este y Lima Norte, donde se registran aumento considerable de delincuencia. La Unidad de Flagrancia alberga en un mismo local al Poder Judicial (jueces), Ministerio Público (fiscales), Policía Nacional (agentes PNP) y Ministerio de Justicia (abogados de la Defensa Pública).
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EDGARD NAOLA ORDOÑEZ