En su primer acto como fiscal de la Nación, Delia Espinoza anunció que está evaluando presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva ley del Congreso que responsabiliza penalmente a menores de edad como si fueran adultos por delitos graves. Durante su juramentación en la sede del Ministerio Público, expresó su preocupación sobre la norma, resaltando que esta medida podría ir en contra de los principios constitucionales y de protección a los derechos de los menores. La fiscal subrayó que cualquier decisión estará fundamentada en el respeto a la Constitución y en un análisis jurídico profundo. En este sentido, añadió que la revisión de la norma será prioritaria, dada la polémica y el impacto que causó en la sociedad.
El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad (105 votos), el dictamen que propone modificar el artículo 200 del Código Penal para incorporar la modalidad de préstamos «gota a gota» en el delito de extorsión. La propuesta legislativa también fue exonerada de una segunda votación por los parlamentarios. Según el dictamen, al incluir esta práctica delictiva en el Código Penal se pretende fortalecer la penalización de los créditos extorsivos en el Perú. «El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años”, se lee en la propuesta legislativa. La norma aprobada en el Congreso también incluye un artículo sobre préstamos informáticos extorsivos a través de plataformas digitales.
El, expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez, señaló que el ex primer ministro de Martín Vizcarra “lo que está haciendo es tratar de victimizarse”. Salvador del Solar dice que la denuncia constitucional en su contra por el golpe de Estado no procede porque se trata de un evento que ocurrió hace más de cinco años, y apela al artículo 99 de la Constitución para sostener su dicho.
El empresario Martín Belaunde agravó la situación del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, al afirmar en el juicio oral que se les sigue por lavado de activos que Jorge Barata entregó 400,000 dólares para la campaña del 2006. “Tuve una reunión con Jorge Barata, Ollanta Humala y Nadine Heredia en el 2006, en la casa de Álvaro Gutiérrez, en la que el señor Barata se comprometió a entregar 400,000 dólares en efectivo para la campaña. Una semana después lo entregó y yo se lo entregué directamente a la señora Heredia”, detalló. Además, Belaunde Lossio, quien dijo haberse convertido en colaborador eficaz, señaló que acudió a la embajada de Venezuela, donde la funcionaria Virly Torres le entregó mochilas con dinero, las que se las entregó a la esposa de Humala.
El martes 12 de noviembre, se instaló el juicio oral contra el exparlamentario, Daniel Salaverry, quien es acusado de ser presunto autor del delito de peculado doloso por apropiación para sí y para otros, en concurso real homogéneo, en agravio del Estado. El Ministerio Público oficializó su pedido de ocho años de pena privativa de la libertad contra el exlegislador y expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por supuestamente haberse apoderado del dinero que se le entregó por concepto de gastos por semana de representación entre 2017 y 2018. Así lo estableció el fiscal Luis Felipe Zapata durante la audiencia de instalación del juicio oral contra el también excandidato presidencial, para quien se requirió, además, el pago de 360 días multa, equivalentes a S/ 71 699 y que sea inhabilitado por cinco años en el ejercicio de la función pública.
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó la suspensión por 120 días del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde al rechazar por mayoría el recurso de reconsideración presentado por el magistrado contra la resolución que lo sancionó en mayo último. La decisión se adoptó por mayoría de 4 votos a 2, luego que el miembro ponente, Guillermo Thornberry, presentara su informe que desestimaba la reconsideración del fiscal supremo. Como se recuerda, la JNJ impuso la medida disciplinaria de suspensión al acreditar que el magistrado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves al haber percibido una dieta como miembro de la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG), entre el 2020 y 2021, además de los sueldos como fiscal supremo y como docente. El pleno de la JNJ consideró que con dicha conducta el magistrado infringió los deberes previstos en la Ley de la Carrera Fiscal, el Código de Ética del Ministerio Público, así como el Código de Ética de la Función Pública.
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