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El abogado Gastón Soto Vallenas analiza la realidad de la administración de justicia en el Perú, y el rol que le corresponde al gremio de los profesionales del Derecho (Ilustre Colegio de Abogados de Lima) a fin de contribuir con su mejora

HAY QUE DESPOLITIZAR LA JUSTICIA EN EL PERÚ

Destaco la lamentable intromisión de la política en la toma de decisiones jurisdiccionales, que evidencia la falta de autonomía y de independencia con la que cuentan los magistrados en el ejercicio de sus funciones

Gastón Soto Vallenas, es abogado, especialista en Derecho Constitucional, y magister en Derecho Civil y Comercial y con estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ejerce la docencia, en pre y posgrado en dicha casa de estudios. Además, es miembro y director para el Perú del CEELA (Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. A continuación, presentamos una breve entrevista, que le hiciéramos al Dr. Gastón Soto Vallenas, sobre la justicia en nuestro país.

¿Cuál es el papel que le corresponde a los abogados dentro del marco de la sociedad?

Los profesionales del Derecho somos parte de la sociedad que nos comprende y, en ese sentido, estamos en la obligación de que nuestro accionar, en el ejercicio de la profesión, independientemente de la función pública o privada que nos corresponda, debe estar orientada a hacer posible que el funcionamiento de la estructura social se oriente a la búsqueda del bien común, como finalidad del Estado

¿En ese sentido, considera usted que el Colegio de Abogados de Lima orienta su actuación a alcanzar dicho objetivo?

Si bien es cierto que esa debe ser la orientación de la labor del Colegio de Abogados de Lima, no quiere decir que ese objetivo se está logrando. Precisamente, esa debe ser la preocupación de las autoridades que dirigen dicha institución gremial, a fin de lograr alcanzar esa meta, y que además se permita percibir, por parte de la población, sentir que los abogados sabemos interpretar sus preocupaciones y aspiraciones, como sociedad y como persona, en forma individual.

¿De acuerdo con esa aspiración, considera usted que el Colegio de Abogados de Lima debe tener alguna ubicación en el debate de los asuntos nacionales?

Por supuesto que sí. Efectivamente, en pasadas épocas nuestro gremio de abogados, con relación a los temas de coyuntura nacional, opinaba y hacía propuestas para mejor atender los requerimientos que se hacían necesarios implementarlos, para poder resolver los problemas existentes de la población peruana. Es decir, generaba corriente de opinión ciudadana.

 ¿En lo particular, qué esperan los abogadas y abogados de su gremio?

Esperan que el Colegio de Abogados de Lima le ponga a su alcance o le ofrezca condiciones para desarrollar su formación profesional, así como también les proporcione apoyo para poder ser atendidos medicamente cuando así lo requieran, sin perjuicio de que puedan mejor aprovechar sus ratos libres o de esparcimiento en locales suficientemente equipados que les pueda ofrecer un buen servicio de atención a los agremiados,

¿Tenemos entendido que usted está candidateando para asumir el cargo de Decano del Colegio de Abogados de Lima; es eso cierto?

Eso es verdad. Ha sido en respuesta a la inquietud de un grupo de colegas agremiados, quienes consideran que, conjuntamente, con otros profesionales del Derecho, podemos enfrentar el reto y hacer realidad aquellas aspiraciones que tienen los abogados de todos los sectores y niveles, incluyendo los de Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur y Lima Este. Es decir, desarrollar una labor eminentemente descentralizada.

¿Considera usted que sólo la Junta Directiva que a usted le tocaría presidir está en condiciones de poder lograrlo?

Por supuesto que no. La administración de justicia y su necesaria mejora, comprende o compromete a varios actores, no únicamente a los abogados. Los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como las autoridades del Gobierno Central, como de los gobiernos regionales y municipales, cada uno en el cumplimiento de sus obligaciones, están en la obligación de orientar su accionar a lograr una sociedad más justa, equitativa y de bienestar.

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